Estado asumiría pensiones alimentarias de menores con padres mayores de 65 años bajo nuevo proyecto de ley

Esta semana en la Asamblea Legislativa la diputada Luz Mary Alpízar, del partido Progreso Social Democrático, presentó el expediente No. 24.962, un proyecto de ley que propone que el Estado costarricense asuma el pago de pensiones alimentarias de menores de edad cuyos padres o madres, mayores de 65 años, no puedan cumplir con esta obligación debido a insolvencia económica o fallecimiento sin dejar bienes sucesorios.

La iniciativa surge en respuesta a la reforma al Código Procesal de Familia, vigente desde octubre de 2024, que eliminó el apremio corporal (prisión) como medida coercitiva para deudores de pensiones alimentarias mayores de 65 años.

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Esta reforma, aunque busca proteger los derechos de los adultos mayores, ha generado preocupaciones sobre la garantía del derecho a la alimentación de los menores afectados.

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones y la base de nacimientos hasta junio de 2024, en Costa Rica existen más de 10.564 menores cuyos padres tienen más de 65 años, incluyendo 25 casos en los que ambos progenitores superan esa edad.

¿Qué establece este proyecto?

El proyecto de ley establece que el Estado asumiría el pago de pensiones alimentarias en los siguientes casos:

• Cuando el deudor o deudora sea mayor de 65 años y no se cuente con otro medio legal coercitivo eficaz para garantizar el pago.
• Cuando la persona obligada demuestre o se verifique su incapacidad económica total para cubrir la pensión fijada judicialmente.
• Cuando el deudor o deudora, mayor de 65 años, fallezca y se compruebe que no existe masa hereditaria ni herederos obligados solidariamente al pago de alimentos.

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Método de financiamiento

Para financiar esta medida, se propone la creación de un fondo específico administrado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), financiado con un 0.05% del impuesto sobre la venta de productos de tabaco recaudado por el Ministerio de Hacienda.

La diputada Alpízar argumenta que esta propuesta busca equilibrar la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, el trato digno de las personas de la tercera edad y la sostenibilidad financiera de las políticas públicas, conforme a los principios del ordenamiento jurídico costarricense.

El proyecto de ley incluye 14 artículos que detallan el objeto de la ley, el ámbito de aplicación, los casos en los que el Estado pagará la pensión y el procedimiento de solicitud, así como disposiciones especiales para su aplicación.

La propuesta se encuentra en etapa de análisis legislativo y su discusión en el plenario podría marcar un precedente en la protección de los derechos de la niñez en situaciones de vulnerabilidad económica.

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