Laura Fernández propone medidas de seguridad cuestionadas: ¿Reformas efectivas o retórica de campaña?

La exministra Laura Fernández  ha reavivado el debate sobre seguridad ciudadana en Costa Rica al presentar algunos de los pilares de su eventual programa de gobierno, en el marco de su aspiración presidencial por el partido Pueblo Soberano.

En una reciente entrevista concedida a Telediario, Fernández destacó el eje de justicia y seguridad como una prioridad y esbozó algunas medidas que, según dijo, ya han sido desarrolladas en su propuesta política.

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“Nosotros ya hemos avanzado con los ejes estratégicos de la propuesta, y el eje número uno es el de justicia y seguridad. Ahí estamos planteando una serie de reformas que son vitales, por ejemplo, la reforma al Código Procesal Penal”, señaló la exministra.

Asimismo, Fernández hizo mención a la necesidad de trabajar en conjunto con la Asamblea Legislativa para endurecer las penas, introducir tecnología en los puertos como mecanismo de control y vigilancia, y construir una nueva cárcel como parte de un plan integral.

Otro de los puntos destacados fue su intención de impulsar la dureza en la naturalización de extranjeros que tienen penas en sus países.

Ante estas declaraciones, el criminólogo y abogado Rogelio Ramírez fue consultado por este medio sobre la viabilidad y pertinencia de tales propuestas. Su valoración fue crítica y técnica, advirtiendo sobre el enfoque punitivo como respuesta predominante al fenómeno delictivo.

“Proponer reformas a códigos existentes resulta contraproducente en un país que ya sufre de duplicidades y laberintos normativos. Igualmente, el endurecimiento de penas no constituye una solución efectiva, pues la imposición de castigos representa el fracaso de la prevención. Además, la criminología ha demostrado que sin cultura de legalidad, las penas severas no disuaden el crimen y pueden fomentar la corrupción y diversificación de actividades delictivas”, afirmó Ramírez.

Sobre el planteamiento de aumentar la severidad de las penas, el experto insistió en que la pena por sí sola no resuelve el problema estructural del crimen:

“Proponer el endurecimiento de las penas tampoco es acertado, porque la imposición de una pena se ubica en el extremo en el que la prevención ha fracasado, y además, el proceso para imponer objetivamente una pena de cualquier gravedad pasa necesariamente por los ámbitos de la capacidad, idoneidad y eficiencia de los operadores, administradores de justicia y protagonistas, entendiéndose policía de investigación, Ministerio Público, peritos forenses y, por supuesto, tribunales.”

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Finalmente, Ramírez remarcó que el desafío de la inseguridad no puede reducirse a más cárceles o penas más duras, sino a fortalecer el aparato estatal en su conjunto:

“La inseguridad siempre será una amenaza, pero la diferencia entre eso y una sociedad hostil y abiertamente insegura recae en la capacidad y eficiencia del Estado para combatir compitiendo donde el crimen busca territorios y cómplices, en la articulación de sus instituciones, en la disposición de sus funcionarios y, por supuesto, en la visión y la determinación ética de sus líderes.”

Por el momento, la propuesta de Laura Fernández se presenta como una plataforma en construcción. Aunque ha anunciado su intención de convertirse en la candidata presidencial de Pueblo Soberano, aún no ha revelado documentos formales ni un cronograma detallado para la implementación de las reformas que plantea.

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