11 imputados del caso “Madre Patria” deberán volver a prisión preventiva
El cambio de medida se dio tras una apelación del Ministerio Público.
El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José revocó el arresto domiciliario para 11 de esos imputados del caso "Madre Patria" y ordenó que regresen a prisión preventiva este viernes 14 de noviembre.
Este cambio ocurre tras una apelación del Ministerio Público, por medio de su Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO), que argumentó que el juzgado había hecho una “valoración incorrecta” de los peligros procesales y de las circunstancias de cada uno de esos 11 sospechosos.
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La Fiscalía informó que la prisión preventiva se mantendrá, al menos, hasta el jueves 25 de diciembre, aunque ya planea solicitar una prórroga para seguir con las diligencias judiciales.
Sospechosos
Entre los nombres de los imputados que regresan a la cárcel están varios apellidos relevantes:
- Rojas Rojas
- González Araya
- Barrientos Campos
- Venegas Marín
- Fernández Gustavino
- Pérez Barboza
- Marín Ramírez
- García Núñez
- Jiménez Arias
- González Pinto
- Herrera Vega
Un caso especialmente llamativo es el de Luis Alberto Venegas Marín, exjuez de la República, quien supuestamente mantuvo reuniones para redactar documentos de defensa para otros miembros de la red criminal.
Según las investigaciones, él pudo haber ayudado a facilitar la legitimación de capitales, incluso con la compra de vehículos de lujo, como dos Land Rover Range Rover.
Además, la Fiscalía también investiga a cinco altos funcionarios públicos por presuntos vínculos con un empresario involucrado en el caso “Madre Patria”.
Entre ellos figura un viceministro, una presidenta ejecutiva municipal y una alcaldesa, quienes estarían implicados en tráfico de influencias y recepción de dádivas.
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¿Qué es el caso Madre Patria?
Esta es una de las mayores investigaciones de fraude registral y legitimación de capitales en la historia del territorio nacional.
El Ministerio Público, por medio de FAEDO, señaló que detrás de esta supuesta organización criminal hay notarios, abogados, funcionarios judiciales, oficiales de tránsito y dos ciudadanos de origen español.
Quienes liderarían una red dedicada a falsificar documentos para apoderarse ilegalmente de propiedades sin uso, para luego venderlas a terceros con ganancias ilícitas.
Los delitos que se investigan son graves: falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
En julio de 2024, la Fiscalía logró que se dictara prisión preventiva por un año para 20 personas implicadas.
Según el Ministerio Público, algunos de los acusados tienen cargos públicos, lo que eleva la magnitud del escándalo.
A lo largo del proceso, el Juzgado Penal de San José impuso distintas medidas cautelares: mientras algunas personas permanecen en prisión preventiva, otras han estado bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, firma periódica, prohibición de salida del país y prohibición de comunicarse con otros imputados.
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