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Nacional

Proyecto busca que bienes de extraditados condenados pasen al Estado

La iniciativa del Frente Amplio propone que propiedades y activos decomisados a costarricenses extraditados con sentencia firme sean utilizados para fortalecer las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Natalia López Quirós Costa Rica /

El Frente Amplio presentó un proyecto de ley que busca permitir que el Estado costarricense utilice los bienes decomisados a personas extraditadas que hayan sido condenadas en el extranjero, con el fin de reforzar la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales que operan en el país. 

La iniciativa plantea una modificación al marco legal vigente para cerrar vacíos que impiden aprovechar estos recursos. La propuesta, identificada bajo el expediente 25.310, fue impulsada por la diputada Priscilla Vindas y pretende reformar la Ley de Extradición de Nacionales, aprobada recientemente. 


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El objetivo es que, una vez que exista una orden de extradición firme, las autoridades costarricenses puedan aplicar medidas cautelares sobre bienes, cuentas bancarias, propiedades u otros activos que pertenezcan a la persona requerida por la justicia internacional y que se encuentren en territorio nacional.

El proyecto establece que los decomisos solo procederán cuando se demuestre una conexión directa entre los bienes y los delitos que motivaron la extradición. 

Además, aclara que el comiso definitivo solo podrá ejecutarse si el país solicitante emite una sentencia condenatoria en firme. En ese momento, un juez costarricense podrá ordenar la transferencia de los bienes al Estado sin necesidad de abrir un proceso judicial adicional.


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La redacción también contempla que los bienes obtenidos, así como cualquier rendimiento económico que generen durante su administración se destinarán de manera exclusiva al financiamiento de programas orientados a combatir el narcotráfico y el crimen organizado. 

Esto incluye reforzar equipos, capacitación, infraestructura y unidades especializadas en investigación y operatividad policial. En caso de que la persona extraditada sea absuelta, el Estado estará obligado a restituir los bienes sin dilación, garantizando así la protección del derecho de propiedad y evitando abusos dentro del procedimiento.

Con la presentación formal del proyecto, la propuesta deberá pasar a estudio en una comisión legislativa, donde se abrirá el proceso de consultas, audiencias y eventuales modificaciones antes de llegar al Plenario. 

Según sus impulsores, la iniciativa busca modernizar las herramientas del país para atacar las rutas financieras del crimen organizado, consideradas uno de los principales motores de su expansión.



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