Déficit de policías penitenciarios genera alto riesgo en cárceles, advierte la Defensoría
La Defensoría de los Habitantes advirtió que el déficit de más de 2.700 policías penitenciarios está poniendo en riesgo la seguridad de las cárceles y los derechos de las personas privadas de libertad.
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Déficit de policías penitenciarios genera alto riesgo en cárceles, advierte la Defensoría
La Defensoría de los Habitantes alertó sobre una situación de riesgo grave en el sistema penitenciario costarricense debido al creciente déficit de agentes encargados de la seguridad en las cárceles.
Según un informe presentado recientemente, el faltante de personal pasó de 1.754 funcionarios en 2023 a 2.722 en abril de 2025, generando una afectación directa tanto a los derechos laborales del personal policial como a los derechos fundamentales de la población privada de libertad
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La investigación de oficio, iniciada en 2023, incluyó inspecciones en varios centros penitenciarios del país. Entre los hallazgos destacan elevados niveles de agotamiento físico y emocional de los policías, acumulación de vacaciones no disfrutadas, sobrecarga de funciones y limitaciones en la atención médica, técnica y educativa de la población reclusa.
El informe señala que la falta de agentes compromete la operatividad de las cárceles, retrasa traslados judiciales y médicos, dificulta el contacto de los reclusos con sus familias y eleva el riesgo de motines y fugas. Ante este panorama, la Defensoría recomendó al Ministerio de Justicia y Paz adoptar medidas presupuestarias, administrativas y logísticas urgentes para reforzar la contratación y reposición progresiva del personal.
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Entre las acciones solicitadas se incluye la entrega, en julio de 2025, de un informe detallado que refleje el número de plazas vacantes en cada centro penitenciario, así como la implementación de un sistema de información semestral que identifique al personal que se acogerá a jubilación, que ha renunciado, fallecido o sido despedido, con el fin de actualizar la base de datos y proyectar las necesidades de contratación de manera anticipada.
La Defensoría también pidió al Ministerio de Hacienda gestionar los recursos necesarios para financiar el nombramiento de los 2.722 agentes que actualmente hacen falta. Según el órgano defensor, sin estas medidas, persiste un riesgo latente tanto para la seguridad institucional como para los derechos humanos de los reclusos y el bienestar de los funcionarios penitenciarios.
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