Esta es la fecha límite para presentar la declaración anual 2025
El incumplimiento de estas obligaciones conlleva importantes sanciones económicas.
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica recuerda a todas las personas jurídicas, tanto activas como inactivas, que el próximo 30 de abril vence el plazo para presentar la declaración anual ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF).
Esta obligación también aplica a asociaciones solidaristas, organizaciones sin fines de lucro, sociedades inactivas y otras estructuras como fideicomisos o administradores de recursos de terceros.
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El incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones económicas severas, por lo que las autoridades instan a cumplir con el trámite de forma oportuna y completa.
“El RTBF permite a las personas jurídicas declarar sus participantes y beneficiarios finales. Este mecanismo es clave en la lucha contra el fraude fiscal, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo”, explicó Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos.
En algunos casos, estructuras como mutuales, cooperativas y asociaciones solidaristas deben incluir información adicional, como ingresos y egresos detallados.
¿Cuáles son los requisitos para presentar la declaración del RTBF?
Para cumplir con esta obligación, las personas jurídicas deben contar con:
- Certificado de firma digital.
- Firmador BCCR instalado y activado desde www.soportefirmadigital.com.
- Inscripción en la plataforma Central Directo.
- Correo electrónico oficial para notificaciones.
- Información completa sobre capital social y beneficiarios finales.
- Datos de personas jurídicas extranjeras con participación sustantiva.
- Declaración firmada y presentación de la declaración jurada.
- Verificación o actualización del representante legal.
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¿Qué pasa si no se presenta?
El artículo N.° 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece una sanción del 2% de los ingresos brutos del período fiscal anterior al incumplimiento, con un mínimo de 3 salarios base (¢1.386.600) y un máximo de 100 salarios base (¢46.220.000).
Además, el Registro Nacional no emitirá certificaciones de personería jurídica ni inscribirá documentos de entidades morosas, y los notarios deberán dejar constancia del incumplimiento en los documentos legales correspondientes.
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