Gamboa dice no a extradición y enfrentará proceso ordinario
Edwin López y Celso Gamboa irán dos meses a prisión preventiva.
Celso Gamboa, exmagistrado de la Sala Tercera y exfiscal general de la República, fue detenido la tarde del lunes 23 de junio en el sector de Escazú, San José, cuando salía de una vivienda.
La captura fue realizada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que cuerpos policiales de la DEA de los Estados Unidos solicitaran su detención por supuestos vínculos con una red internacional de tráfico de drogas.
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Tras su aprehensión, Gamboa fue puesto a la orden de las autoridades judiciales costarricenses. Se espera que en los próximos días llegue desde Estados Unidos la documentación oficial que fundamenta la solicitud de extradición, la cual deberá ser analizada por un Tribunal Penal de Costa Rica.
El tribunal valorará si se cumplen los requisitos legales para proceder con el traslado del acusado hacia territorio estadounidense.
Este martes 24 de junio, se realizó una diligencia ante el Tribunal Penal de San José para notificar formalmente a Gamboa y a otra persona de apellido López conocido como “pecho de rata”, también involucrada en el caso, sobre la solicitud de extradición y las pruebas existentes hasta este momento.
Durante la audiencia, ambos fueron consultados sobre si aceptaban una extradición voluntaria o si preferían acogerse al proceso ordinario establecido en el Tratado de Extradición entre Costa Rica y Estados Unidos, así como en la Ley de Extradición costarricense.
Tanto Gamboa como López rechazaron la extradición voluntaria, por lo que el caso se tramitará por la vía judicial regular.
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Como medida cautelar, el tribunal ordenó dos meses de detención provisional para ambos imputados. La resolución se basa en el artículo 10 de la Ley de Extradición, el artículo 4 del tratado bilateral y las disposiciones del Código Procesal Penal aplicables a la privación de libertad.
El proceso se encuentra registrado bajo el expediente número 25-000071-0016-PE y se da en un contexto jurídico reciente, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara en mayo una reforma que permite la extradición de ciudadanos costarricenses por delitos graves como narcotráfico y terrorismo.
Esta medida fue ratificada por el Poder Ejecutivo el pasado 28 de mayo.
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