Ley de sentencia para sicarios sufre cambios
La Asamblea Legislativa retomó el debate del proyecto de ley contra el sicariato, el cual fue propuesto por Nueva República
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Diputados debaten cambios al proyecto de ley que endurece penas por sicariato en Costa Rica
El martes 14 de octubre, la Asamblea Legislativa retomó el debate sobre el proyecto de ley contra el sicariato, presentado por la fracción de Nueva República el pasado jueves 18 de septiembre de este año.
La propuesta busca endurecer las penas por homicidios por encargo, imponiendo sanciones que van desde los 20 hasta los 40 años de prisión.
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Aunque estaba previsto que el proyecto avanzara a la segunda ronda de debate, el plenario aprobó una moción para devolverlo al primer debate y realizarle modificaciones al texto.
Entre esos ajustes se incluye la primera moción aprobada ese mismo día, que modifica el artículo 112 bis para añadir las palabras “remuneración económica”, reforzando así el enfoque del proyecto en los homicidios por encargo con fines de lucro.
Por otra parte,el diputado David Segura presentó una segunda moción que buscaba ampliar la pena máxima hasta los 50 años, tal como contemplaba originalmente la propuesta.
Sin embargo, esta fue rechazada tras un empate en dos votaciones sucesivas.
“Es un buen paso, no el que queríamos, porque para Nueva República la pena debería llegar a 50 años de cárcel, pero ya es un avance llegar a los 40 años”, detalló Fabricio Alvarado, diputado jefe de la fracción de Nueva República.
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¿Qué más tiene el proyecto de ley?
El proyecto también establece sanciones para quienes ofrezcan, soliciten o promuevan públicamente servicios de sicariato. El nuevo artículo 280 bis contempla:
“Artículo 280 bis-Oferta, solicitud o promoción públicas de homicidio por Sicariato
Quien públicamente solicite, ofrezca o promueva servicios de homicidio por encargo, acuerdo o promesa remuneratoria, será castigado con pena de prisión de tres a cinco años”.
Con estos cambios, el proyecto del partido continuará su curso legislativo en busca de aprobación final para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el país.
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