Fiscalía acusa a Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros y cinco funcionarios más por financiamiento político ilícito
El fiscal Carlo Díaz, fue quien tramitó la acusación.
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Solicitaron un levantamiento de fuero y apertura a juicio.(EFE)
La Fiscalía General de la República presentó este lunes 23 de junio ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia una acusación formal con solicitud de levantamiento de fuero y apertura a juicio contra siete miembros de los Supremos Poderes, por su supuesta implicación en delitos relacionados con el financiamiento político ilícito.
Entre los acusados figuran el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; el primer vicepresidente, Stephan Brunner Neibig; el canciller, Arnoldo André Tinoco; Pilar Cisneros Gallo, y también los diputados, Luz Mary Alpízar Loaiza, Paola Nájera Abarca y Julio 'Waldo' Agüero Sanabria.
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La acción judicial se enmarca dentro del expediente 22-000116-1218-PE y fue presentada directamente por el fiscal general, Carlo Díaz, en cumplimiento de lo establecido para casos que involucran a funcionarios con inmunidad constitucional.
Según el comunicado de prensa, de acuerdo con la investigación, iniciada en 2022, durante la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) para el periodo 2022-2026 se habrían utilizado dos estructuras de financiamiento paralelas: un fideicomiso privado y cuentas bancarias personales a nombre de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta una causa penal independiente.
Ambas vías, señala la Fiscalía, habrían operado fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido, contraviniendo lo estipulado por el Código Electoral en cuanto a legalidad, transparencia y publicidad en el financiamiento político.
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La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos para imputar a los siete funcionarios por delitos establecidos en los artículos 273, 274 inciso e), 275 inciso a) y b) del Código Electoral.
La Corte Suprema de Justicia deberá analizar la acusación y, en caso de considerarlo procedente, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional de los imputados para que puedan ser juzgados según el procedimiento especial correspondiente.
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