Mauricio Batalla, el presidente de la CNE y el director de Aviación Civil son detenidos
Fueron detenidos por el caso del Daniel Oduber Quirós.
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OIJ detuve a cuatro personas sospechosas en este caso.
Este martes 13 de mayo, agentes judiciales de la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, ejecutaron un total de 22 allanamientos en distintas zonas del país.
En los operativos detuvieron al Mauricio Batalla, exministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, y al director de Aviación Civil, Marcos Castillo.
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Además, un fiscal de la CNE, de apellido Villalobos también fue detenidos.
De acuerdo con el informe preliminar del OIJ, los hechos que originaron la investigación datan del 21 de junio de 2023. Según las autoridades, el funcionario de la CNE, habría solicitado al Poder Ejecutivo incluir al cantón de Liberia, en Guanacaste, dentro de las zonas afectadas por las ondas tropicales 11, 12 y la tormenta tropical Bonnie.
Esta solicitud, aparentemente, tenía como fin permitir la contratación bajo el régimen de excepción de la Ley Nacional de Emergencias.
Con ello, se habría facilitado la adjudicación directa de la obra denominada “Rehabilitación por emergencias de pista de aterrizaje y obras pluviales del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós” a una empresa privada dedicada a la construcción. La adjudicación quedó en firme el 29 de enero de 2024.
El proyecto contemplaba reparaciones profundas a la pista, incluyendo sus capas subyacentes, con el propósito de extender su vida útil y atender los daños provocados, supuestamente, por los fenómenos meteorológicos señalados. Sin embargo, durante su ejecución, la empresa adjudicada propuso una "ingeniería de valor", que pretendía eliminar la reparación de algunas capas, argumentando que estas no estaban dañadas.
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Esta modificación contractual no contó inicialmente con el aval de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil, cuyos funcionarios, presuntamente, empezaron a recibir presiones por parte de los sospechosos. Incluso se habría sustituido al encargado de la unidad ejecutora por oponerse a dichas modificaciones, lo que finalmente permitió la aprobación de los cambios en beneficio de la empresa contratista.
El contrato original tenía un valor aproximado de 40 millones de dólares. Con las modificaciones introducidas por medio de la ingeniería de valor, el monto se habría reducido en cerca de 4 millones de dólares, según las autoridades.
Los allanamientos fueron en Curridabat y Pavas (San José), Oreamuno (Cartago) y Santa Bárbara (Heredia). En estos lugares se pretende recopilar evidencia clave para el avance de la causa judicial.
Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.
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