Analizan los primeros presos que saldrían por orden sanitaria

El Instituto Nacional de Criminología (INC) estudia las primeras 31 recomendaciones de centros penales para que personas privadas de libertad con factores de riesgo por COVID-19 sean consideradas para un eventual cambio al régimen Semi Institucional, tal como ordenaron los juzgados de Ejecución de la Pena.

En ese sentido, se debe tomar en cuenta no solo el criterio médico y el del personal técnico de los centros penitenciarios, sino, además, una serie de valoraciones técnicas en las áreas jurídica, psicología, trabajo social, orientación, educación, procesos interdisciplinarios, así como factores aportados por la propia Policía Penitenciaria.

Para eso, revisan la posición de la persona en relación con el delito, la disminución de riesgos de repetición de conductas delictivas, así como la evolución de su propio proceso introspectivo en relación con los delitos cometidos, de manera que puedan considerarse para la decisión elementos relativos a que la persona no constituya un peligro ni para sí mismo ni para la sociedad, en caso de que se autorice su movimiento temporal (3 meses) al régimen Semi Institucional.

Unido a esto, se encuentra también la constatación de que la persona tenga una casa y medios de supervivencia dignos durante este periodo.

“De momento no podemos hablar de movimientos porque ahora lo que le corresponde al Instituto es revisar todos los extremos de esas valoraciones extraordinarias”, hizo hincapié la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.

Antes de que los juzgados enviaran al INC las órdenes para la realización de estas valoraciones extraordinarias, el Instituto había tomado la decisión de valorar casos de riesgo por COVID-19, pero estos se limitaban a adultos mayores, diabéticos, hipertensos, mujeres embarazadas o con niños en lactancia. Producto de esa primera directriz, por razones humanitarias y mediante la vía de valoraciones extraordinarias se autorizó el paso de 106 personas al régimen semi institucional entre el 11 de marzo y el 7 de mayo del presente año.

Las 31 nuevas recomendaciones responden a la solicitud de los juzgados. La directora del INC, Jenny Umaña, comentó que los centros penitenciarios no tienen un plazo para efectuar las valoraciones técnicas y médicas.

“Los equipos no tienen un plazo para entrega de las valoraciones; mucho va a depender de su recurso humano. Queremos hacer un proceso muy cuidadoso porque existe una responsabilidad institucional con el país. Hay que tomar en cuenta que el personal médico no puede dedicarse solo a valoraciones; la atención médica no puede dejarse descubierta”, manifestó la directora.

• Te Recomendamos Confirman un segundo transportista con COVID-19  Al Minuto Javier Mota