PLN exige transparencia sobre documento firmado por Trump y respaldado por Chaves

El Partido Liberación Nacional (PLN), a través de su secretario general Miguel Guillén, solicitó al Gobierno de Costa Rica hacer público el documento firmado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la reunión celebrada en Doral, Florida, el pasado 7 de marzo, y que, según el propio presidente Rodrigo Chaves Robles, cuenta con su respaldo.

En su declaración, Guillén destacó que ningún compromiso internacional que pueda implicar seguridad, defensa o cooperación militar debe mantenerse en la oscuridad en una democracia madura. 

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Señaló que la singularidad histórica de Costa Rica, con la abolición del ejército en 1948 y un modelo de seguridad civilista basado en derecho internacional y cooperación entre Estados, exige transparencia y control democrático ante cualquier acuerdo que pueda comprometer al país.

“El país tiene derecho a conocer exactamente a qué compromisos fue vinculado por las actuaciones del presidente Chaves y del ministro de Seguridad Mario Zamora Cordero”, indicó Guillén. Solo con el conocimiento completo del documento, explicó, se podrá evaluar si sus alcances son compatibles con la Constitución Política, la abolición del ejército y la tradición de neutralidad activa de Costa Rica.

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El dirigente del PLN también criticó la falta de transparencia del actual gobierno, y solicitó la colaboración de la presidenta del partido oficialista, Laura Fernández Delgado, para contribuir a que la ciudadanía conozca la verdad sobre los compromisos asumidos por Costa Rica en este contexto hemisférico.

Guillén advirtió que lo que está en juego no es simplemente un documento diplomático, sino la coherencia histórica de Costa Rica con su modelo civilista de seguridad, frente a iniciativas internacionales que podrían introducir un enfoque de militarización de la seguridad que contradiga la tradición pacífica del país.

Finalmente, el secretario general del PLN insistió: “El documento debe hacerse público. La transparencia no es una concesión del poder; es una obligación frente a la ciudadanía. Solo así podrá el país debatir con rigor y serenidad sobre la compatibilidad de estas decisiones con los principios constitucionales y democráticos que nos han definido durante más de siete décadas”.

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