Una asesora acudió al Ministerio Público y posteriormente presentó el caso ante la Asamblea Legislativa. Pueblo Soberano aseguró que respetará el debido proceso y no adelantará conclusiones.
El proyecto de ley busca simplificar el amparo de legalidad y establece un plazo de cinco días hábiles para que las instituciones rindan cuentas ante el tribunal.
El fiscal general explicó que la diligencia fue aplazada por una solicitud de la defensa, debido a una situación de salud y al volumen de la investigación por el financiamiento de la campaña de 2022.
