JPS urge aprobar proyecto de ley contra la lotería ilegal
La institución estima que más del 50 % de sus ingresos potenciales se pierden por la comercialización de juegos ilegales, recursos que deberían destinarse a programas de salud y bienestar social.
La Junta de Protección Social (JPS) pidió a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico acelerar la discusión y fortalecimiento del proyecto de ley que busca castigar la venta de lotería ilegal y otras modalidades de juego no autorizadas en el país.
Se trata del expediente 25.057, una iniciativa presentada con el respaldo de 12 legisladores y elaborada junto con la JPS. El texto propone una reforma integral a la Ley de Loterías, que data de 1952, con el fin de adaptarla a las nuevas dinámicas delictivas, incluyendo apuestas deportivas, video loterías y juegos electrónicos.
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El proyecto plantea penas de prisión de dos a seis años para quienes organicen o administren negocios de lotería sin autorización, y multas de hasta diez salarios base entre ₡402.000 y ₡2 millones a quienes participen en la venta de estos productos ilegales.
Según la JPS, estas actividades están ligadas al crimen organizado, lavado de dinero y evasión fiscal, y representan una amenaza directa a la recaudación estatal.
Durante su comparecencia ante los diputados, la presidenta ejecutiva de la JPS, Mariela Vargas Zúñiga, advirtió que la institución pierde cerca del 52 % de sus ingresos potenciales debido a la proliferación de juegos ilegales.
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Esos fondos, recordó, son esenciales para programas de asistencia social y salud pública que dependen del aporte de la lotería oficial.
Por su parte, la asesora legal Marcela Sánchez insistió en la urgencia de actualizar la ley vigente, la cual “se quedó corta” ante las nuevas formas de fraude digital y las redes delictivas que operan a través de plataformas en línea.
Eldiputado Gilbert Jiménez , uno de los proponentes, subrayó que el proyecto “protege a la ciudadanía y garantiza que los recursos lleguen a quienes más los necesitan”.
La propuesta continuará en estudio dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, antes de pasar al Plenario legislativo, donde deberá ser votada en primer debate.
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