Inician proceso de segunda solicitud de desafuero contra Rodrigo Chaves
La comisión analizará el caso en un plazo mínimo de 20 días y presentará un informe al Plenario.
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La Asamblea Legislativa inició el trámite de la segunda solicitud de desafuero contra Chaves. (Telediario)
La Asamblea Legislativa de Costa Rica tramitará la segunda solicitud de desafuero contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, esta vez a petición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que le señala de beligerancia política.
El Legislativo conformó la comisión de tres diputados que se encargará de analizar la solicitud del TSE y que en un plazo de al menos veinte días deberá rendir un informe al Plenario para que vote si levanta o no el fuero al mandatario.
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La comisión legislativa, que podrá llamar a audiencia a las partes, quedó integrada por el diputado del oficialista Partido Progreso Social Democrático, Daniel Vargas; y las legisladoras opositoras, Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, y Rocío Alfaro, del Partido Frente Amplio.
El pasado 7 de octubre, el TSE solicitó a la Asamblea Legislativa tramitar el levantamiento del fuero al presidente por aparentemente haber incurrido en beligerancia política durante actos oficiales a lo largo de los últimos meses, mientras el país se encamina a las elecciones del 1 de febrero de 2026.
Chaves, quien terminará su mandato de 4 años el próximo 8 de mayo, ya superó en septiembre pasado un primer proceso de desafuero en el Congreso solicitado por la Fiscalía General por un caso de presunto manejo irregular de fondos.
En la inédita votación por ese caso, 34 diputados se inclinaron por retirarle el fuero contra 21 que se manifestaron en contra, con lo cual no se alcanzaron los 38 votos (mayoría calificada) que se requerían para aprobar el desafuero.
El caso de beligerancia política
Según el TSE, en el expediente se agrupan 15 denuncias por beligerancia contra el presidente y que por el cargo que ostenta es necesario que la Asamblea Legislativa tramite el levantamiento de su inmunidad para avanzar en el proceso, que podría acarrear sanciones para ejercer cargos públicos en el futuro y hasta la destitución del cargo.
En abril pasado, el TSE amonestó al presidente Chaves por presuntos actos de beligerancia política que atentan contra el principio constitucional de imparcialidad de las autoridades gubernamentales en procesos de elección popular.
En Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político, y participar en discusiones o actividades político-electorales.
El TSE defiende que la ley electoral costarricense le permite ordenar la destitución e imponer la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años a los funcionarios cuando sus actos contravengan las prohibiciones en medio de actos proselitistas de campaña. (EFE)
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