Conassif solicita al Juzgado Concursal la quiebra de Financiera Desyfin
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la liquidación de Financiera Desyfin tras confirmar un déficit patrimonial superior a ¢13.800 millones. Más de 3.000 acreedores deberán notificarse en la etapa concursal.
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El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó por unanimidad y en firme la solicitud de declarar en quiebra a la Financiera Desyfin S.A., la cual será trasladada al Juzgado Concursal. La decisión quedó publicada en La Gaceta Nº 176 del 22 de setiembre de 2025.
De acuerdo con el informe oficial, al 30 de junio de 2025 Desyfin registraba un déficit patrimonial de ¢13.831 millones, lo que evidenció su incapacidad de cubrir las obligaciones. El órgano supervisor determinó que la entidad debía ser liquidada, dado que su operación ordinaria no permitía corregir la situación.
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En esta nueva etapa, más de 3.000 acreedores deberán notificarse formalmente. Sin embargo, en aquellos casos con montos inferiores a ¢135.000, las acreencias podrían excluirse debido a que los costos legales superarían el beneficio económico. El gasto estimado para el proceso de notificación es de ¢12,4 millones, el cual será cubierto con apoyo de Correos de Costa Rica.
La medida se da tras agotar un proceso de resolución iniciado en 2024, cuando Desyfin fue intervenida por riesgos de solvencia y seguridad. En esa fase se garantizó el pago del 100% de las acreencias aseguradas y un 48,97% de los depósitos no garantizados. Posteriormente, en mayo de 2025, el Conassif rechazó una propuesta de exclusión y transferencia de activos y pasivos por considerarla inviable.
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El acuerdo también establece la revocatoria de la autorización de funcionamiento de Desyfin a partir del 10 de octubre de 2025. A partir de esa fecha dejará de ser una entidad supervisada, lo que generará un reacomodo dentro del Grupo Financiero Desyfin, donde solo permanecerá bajo control la corredora de seguros.
El Conassif aclaró que el proceso de resolución tendrá como fecha límite el 9 de octubre de 2025. Hasta ese día, los administradores deberán concluir operaciones en curso, como la venta de activos y una posible distribución adicional a los acreedores, antes de que el caso sea trasladado formalmente al Juzgado Concursal.
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