Corte anula allanamientos clave del caso Topo por falta de sustento legal
Resolución judicial concluye que las órdenes de allanamiento se basaron en pruebas no válidas y carecieron de análisis independiente por parte de la jueza de garantías.
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¿Qué sucedió con el Caso Topo?
Una resolución judicial anuló los allanamientos realizados en abril y junio de 2024 en el marco del caso Topo, luego de que una cámara de apelación concluyera que las órdenes emitidas por el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública carecían de la fundamentación legal necesaria.
La decisión fue tomada tras analizar los recursos presentados por las defensas de varios imputados en el caso, entre ellos, cuatro jueces y tres fiscales investigados por presuntos vínculos con el juez fallecido Luis Diego Ulloa Rodríguez.
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De acuerdo con la resolución, los mensajes de texto utilizados como base para solicitar los allanamientos no pueden considerarse prueba válida, ya que provenían de otro expediente penal. Según la cámara, estos mensajes solo pueden funcionar como noticia criminis, es decir, como indicios preliminares, no como prueba contundente.
Además, se cuestionó la actuación de la jueza de garantías, ya que las defensas alegaron que las órdenes fueron prácticamente copiadas de las solicitudes del Ministerio Público, sin un análisis autónomo por parte del juzgado.
La resolución también señaló que se violaron principios constitucionales fundamentales, como el de proporcionalidad y la presunción de inocencia. El tribunal enfatizó que no hubo un análisis mínimo sobre si los hechos investigados realmente constituían delitos, ni se realizó una valoración independiente de las pruebas.
Como resultado, la cámara anuló todas las diligencias derivadas de estas órdenes y declaró la ineficacia de las resoluciones impugnadas.
"Quedó únicamente vigente la orden o la resolución que ordenó la apertura del teléfono del señor Ulloa pero solo puede ser utilizado como noticia criminis. En las próximas horas estaremos presentando una solicitud de sobreseimiento en favor de nuestros representados", dijo Rafael Gullok, abogado de una de las personas investigadas.
La La Fiscalía Anticorrupción aseguró a este medio que no comparte los criterios jurídicos emitidos en la resolución del Tribunal Penal, sin embargo, es respetuosa del fallo.
Los imputados, por su parte, sostienen que han sido víctimas de un proceso arbitrario y desproporcionado.
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