Defensoría tuvo que intervenir para que se atendiera la denuncia de los habitantes de San Pedro y San Rafael por los frecuentes por cortes de agua por parte del AyA.
La Dirección General de Armamento destruyó casi 1.2 millones de municiones, el material fue decomisado a lo largo de 12 años. El proceso de eliminación fue supervisado por el cuerpo de bomberos.
