Sindicatos acusan al Gobierno de retrasar nombramiento de Rocío Alfaro en la CCSS
Organizaciones sindicales cuestionan que el Consejo de Gobierno solicite nuevos documentos, pese a una orden de la Sala Constitucional para concretar la designación.
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Sindicatos denuncian trabas para nombrar a Rocío Alfaro
Organizaciones sindicales cuestionaron las acciones del Consejo de Gobierno en el proceso para designar a Rocío Alfaro como representante del movimiento sindical ante la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Las agrupaciones consideran que la solicitud de nuevos documentos constituye una maniobra para retrasar el nombramiento.
Según los sindicatos, la documentación requerida para acreditar la elección de Alfaro ya fue presentada dentro de los plazos y bajo las condiciones establecidas en la normativa vigente. Por esa razón, sostienen que el Gobierno no debería exigir nuevamente los requisitos ni introducir formatos o condiciones adicionales.
Las organizaciones también manifestaron su oposición a que se inicie otra revisión del procedimiento meses después de que se evaluara la documentación original. A su criterio, esa actuación podría entrar en conflicto con resoluciones judiciales y afectar tanto la autonomía de las agrupaciones sindicales como la independencia de la CCSS.
Además, defendieron la potestad de los sindicatos para seleccionar a sus representantes mediante los mecanismos internos que les corresponden, de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales aplicables.
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¿Por qué el Gobierno solicita nuevos documentos?
El Consejo de Gobierno pidió información adicional relacionada con el proceso de elección de Alfaro, al considerar que es necesaria para avanzar con su juramentación.
La solicitud se produce después de que las organizaciones sindicales acudieran a la Sala Constitucional para pedir que se declare en desobediencia al Consejo de Gobierno y se ordene acatar lo resuelto por los magistrados.
En setiembre, la Sala Constitucional anuló el acuerdo mediante el cual el Consejo de Gobierno había rechazado la designación de Alfaro como representante sindical ante la junta directiva de la CCSS.
En esa resolución, los magistrados ordenaron concretar el nombramiento en un plazo de ocho días. Ante la situación actual, los sindicatos cuestionan que se soliciten nuevos requisitos para avanzar con un procedimiento que, aseguran, ya cumplió con las exigencias legales.
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