Fiscal alerta que recortes podrían dejar al Poder Judicial sin correo electrónico
Carlo Díaz advirtió que la falta de recursos afectaría licencias y notificaciones judiciales.
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Recortes podrían dejar al Poder Judicial sin correo electrónico
Los recortes planteados para el Poder Judicial podrían afectar servicios tecnológicos esenciales, entre ellos el correo electrónico utilizado por la institución para sus comunicaciones y notificaciones.
Así lo advirtió el fiscal general, Carlo Díaz, durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se analiza el Presupuesto Nacional de 2027.
Díaz explicó que el Poder Judicial requiere recursos para mantener las licencias de programas informáticos que utiliza diariamente. En particular, señaló que una eventual falta de fondos para las licencias de Microsoft podría provocar que la institución deje de utilizar el correo electrónico a partir de marzo de 2027.
El fiscal resumió el posible escenario con una frase: “Tendríamos que volver al papel”.
¿Qué pasaría con las notificaciones?
Según Díaz, el correo electrónico es utilizado para una gran cantidad de trámites y comunicaciones del Poder Judicial, incluidas las notificaciones relacionadas con procesos judiciales, audiencias y resoluciones.
Por eso, una interrupción de este servicio también podría complicar la comunicación con las personas involucradas en procesos judiciales.
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El director a. i. de Tecnología de la Información del Poder Judicial, Martín Hernández, también señaló posibles afectaciones en sistemas tecnológicos, expedientes, audiencias virtuales y otros servicios digitales.
Las autoridades judiciales advirtieron que algunas de estas consecuencias podrían presentarse desde febrero de 2027, dependiendo de la disponibilidad de los recursos.
¿Por qué están en riesgo los recursos?
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 incluye una disposición que condiciona el uso de ₡29.843,8 millones del presupuesto del Poder Judicial. Esos recursos están distribuidos en 313 subpartidas y su utilización quedaría sujeta a una serie de requisitos y autorizaciones.
La institución sostiene que el problema no es la fiscalización de los fondos, sino la falta de certeza sobre cuándo podría disponer de ellos, debido a que el procedimiento establecido podría extenderse durante meses.
El proyecto también contempla una reducción de aproximadamente ₡10.500 millones en el presupuesto judicial para 2027.
El Presupuesto Nacional 2027 todavía se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa, por lo que las condiciones planteadas podrían modificarse durante la discusión legislativa.
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