Diputado propone acelerar respuestas de instituciones públicas a ciudadanos
El proyecto de ley busca simplificar el amparo de legalidad y establece un plazo de cinco días hábiles para que las instituciones rindan cuentas ante el tribunal.
El diputado Jesús Antonio Calderón Calderón presentó el proyecto de ley N.° 25.758, con el que pretende agilizar las respuestas de las instituciones públicas ante trámites y solicitudes realizadas por los ciudadanos.
La iniciativa, denominada “Ley de simplificación del amparo de legalidad: defensa célere del ciudadano frente a la Administración”, plantea reformar el Código Procesal Contencioso Administrativo para establecer un procedimiento más rápido, sencillo y gratuito.
El amparo de legalidad permite a las personas acudir a la vía judicial cuando una institución pública no responde dentro del plazo establecido por ley o no concluye un trámite administrativo a tiempo.
Según Calderón, actualmente este mecanismo requiere aplicar distintas reglas procesales que pueden hacer que el procedimiento resulte complejo y lento para quienes buscan una respuesta de la Administración.
“El derecho a una justicia y a un trámite administrativo pronto y cumplido no puede ser solo teoría en nuestra Constitución”, señaló el legislador.
¿Qué propone el proyecto?
La iniciativa incorpora los artículos 60 bis y 60 ter al Código Procesal Contencioso Administrativo y establece un procedimiento sumarísimo y preferente.
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Entre los principales cambios se encuentran:
Trámite sencillo e informal: las personas podrían presentar el recurso sin necesidad de contar con la firma de un abogado y bajo principios de gratuidad, celeridad e informalidad.
Plazo de cinco días: la institución señalada tendría un plazo improrrogable de cinco días hábiles para presentar su informe ante el tribunal.
Informes bajo juramento: los funcionarios deberán responder bajo juramento. La falsedad u omisión podría generar responsabilidades legales o administrativas.
Falta de respuesta: si la institución no presenta el informe dentro del plazo establecido, se tendrían por ciertos los hechos denunciados y el juez podría ordenar el cumplimiento de la gestión correspondiente.
Gestión digital: las instituciones públicas deberán estar integradas al Sistema de Gestión en Línea del Poder Judicial para facilitar las notificaciones y el traslado de expedientes.
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Calderón afirmó que la propuesta busca que los ciudadanos tengan una herramienta efectiva para exigir respuestas cuando una institución pública incumpla los plazos establecidos.
“Queremos que el amparo de legalidad vuelva a su esencia: una herramienta rápida, gratuita y al alcance de cualquier ciudadano para exigir que el Estado trabaje con eficiencia y le responda a la gente a tiempo”, manifestó.
El proyecto de ley, identificado con el expediente N.° 25.758, pasa ahora al trámite legislativo correspondiente en las comisiones de la Asamblea Legislativa, donde será analizado antes de continuar con las siguientes etapas del proceso.
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