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Nacional

Siete funcionarios del INS habrían sustraído dinero de incapacidades de asegurados

OIJ realizó una serie de allanamientos este miércoles.

Fernanda Araya Costa Rica /

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) llevó a cabo esta mañana una serie de allanamientos que resultaron en la detención de siete personas, sospechosas de cometer el delito de peculado en el Instituto Nacional de Seguros (INS). 

Los allanamientos se realizaron en diversas casas ubicadas en Alajuela y en la sede central del INS.

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Los imputados, de apellidos Salazar Rodríguez, Pacheco Rodríguez, Solano García, Araya Salas, Chaves Alvarado, Alvarado Lizano y Jiménez Herrera, se encuentran a disposición de la FAPTA, donde se les tomará la declaración indagatoria y posteriormente se evaluará la solicitud de medidas cautelares.

¿Cómo habría ocurrido el delito?

Según las investigaciones de la FAPTA, los hechos que llevaron a estas detenciones ocurrieron mientras los acusados ​​trabajaban en los puntos de venta del INS ubicados en Sarchí, Grecia y Palmares.

Presuntamente, los sospechosos se valieron de sus puestos y manipularon el sistema informático de Riesgos de Trabajo para ingresar información falsa sobre incapacidades temporales inexistentes de personas aseguradas. Posteriormente, sin que los asegurados lo solicitaran o estuvieran informados, los imputados habrían gestionado el reemplazo de tarjetas de débito prepago a nombre de las personas aseguradas, utilizando excusas falsas como extravío, robo o retención.

Una vez en posesión de las tarjetas, los sospechosos habrían acreditado pagos de las incapacidades inexistentes y luego sustraído el dinero, que deberán administrar en virtud de sus cargos en la institución.

Respuesta del INS

El Instituto Nacional de Seguros emitió un comunicado en el que informa que, en base a una investigación preliminar interna, se detectaron comportamientos aparentemente irregulares que motivaron una acción inmediata y colaboración con las autoridades judiciales. Sin embargo, por imperativo legal, no pueden brindar mayores detalles sobre el caso en este momento.

La Ley de Control Interno, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y el Código Procesal Penal restringen la divulgación de información sobre investigaciones en curso. 


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