Comunidades Indígenas de Limón Podrán Acceder a la Justicia en Tribunales de Turrialba y Cartago
La Corte Suprema de Justicia acordó que 29 comunidades indígenas de Limón accedan a servicios judiciales en Turrialba y Cartago, debido a que estos tribunales son más cercanos y accesibles.
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Comunidades Indígenas de Limón Podrán Acceder a la Justicia en Tribunales de Turrialba y Cartago
La Corte Suprema de Justicia aprobó una modificación que permitirá a 29 comunidades indígenas de Limón acceder a los servicios judiciales en Turrialba y Cartago, con el objetivo de facilitar su derecho a una justicia más cercana y efectiva.
Se trata de poblaciones ubicadas al Este del río Chirripó, que por razones geográficas y de acceso ya recurren de manera informal a estos circuitos judiciales. El acuerdo se basa en un estudio técnico de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, que determinó que el traslado hacia Limón representa recorridos mucho más largos, costosos y, en ocasiones, casi imposibles de realizar.
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La magistrada Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte y coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas, explicó que esta decisión “es un alivio real y tangible” para quienes deben movilizarse largas distancias, muchas veces caminando durante días, para hacer valer sus derechos. Con este cambio, los trámites podrán realizarse en despachos judiciales ubicados en puntos estratégicos de Turrialba y Cartago.
Entre los órganos judiciales que asumirán la atención se encuentran el Juzgado Penal, el Tribunal Penal de Turrialba, el Juzgado de Familia, el Juzgado Penal Juvenil, el Juzgado Contravencional, el Juzgado Civil, de Trabajo y Agrario, así como los tribunales de apelación y ejecución penal de Cartago. Las competencias en materia contenciosa administrativa, agraria y de apelación penal juvenil se mantendrán con jurisdicción nacional.
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La medida está alineada con instrumentos internacionales como el Convenio N°169 de la OIT, las Reglas de Brasilia, la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas y compromisos derivados del plan estratégico del Poder Judicial, así como recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según el Poder Judicial, esta decisión reafirma el compromiso institucional de garantizar una justicia equitativa, efectiva y adaptada a la realidad de los pueblos indígenas de Costa Rica.
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