Organizaciones temen que plan de Bukele presione a inocentes a declararse culpables
Grupos humanitarios cuestionan la liberación anticipada de presuntos colaboradores de pandillas y advierten sobre posibles afectaciones a la presunción de inocencia.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos en El Salvador manifestaron su preocupación por un plan del presidente Nayib Bukele que permitiría la liberación anticipada de personas señaladas como colaboradoras ocasionales de pandillas.
Los grupos advierten que la medida podría presionar a personas inocentes a declararse culpables para acceder al beneficio.
La semana pasada, Bukele indicó que la liberación condicional o anticipada podría alcanzar a la mitad de unos 10.000 detenidos que las autoridades identifican como colaboradores ocasionales, sin pertenecer directamente a las estructuras criminales.
Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, cuestionó que las personas deban admitir delitos para obtener una salida anticipada, pues considera que quienes son inocentes no deberían verse obligados a confesar.
Por su parte, Salvador Ruiz, del Comité de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, sostuvo que el plan podría silenciar a quienes denuncian presuntas violaciones de derechos humanos. Según advirtió, una declaración de culpabilidad podría dificultar que esos casos lleguen a instancias internacionales.
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Cuestionan garantías judiciales en El Salvador
Las organizaciones también señalaron posibles afectaciones a la presunción de inocencia y cuestionaron la intervención del Ejecutivo en decisiones relacionadas con la liberación de personas detenidas.
Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas, afirmó que el Gobierno no tiene atribuciones para decidir por sí mismo quién debe ser liberado.
Además, Socorro Jurídico estima que una tercera parte de las 93.000 personas detenidas durante los cuatro años y medio del régimen de excepción serían inocentes.
De acuerdo con datos de la Fiscalía citados en el reporte, cerca del 90% de los detenidos bajo ese régimen todavía no habían sido procesados ante los tribunales.
Aunque la ofensiva contra las pandillas redujo los homicidios a mínimos históricos, organizaciones humanitarias denuncian detenciones arbitrarias, abusos y más de 500 muertes bajo custodia estatal.
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