Argentina garantiza a trans cupo laboral en cargos públicos

BUENOS AIRES. — Travestis, transexuales y transgéneros argentinos tendrán derecho a un cupo laboral que no podrá ser inferior al 1 por ciento de los cargos del sector público nacional.

Así lo dispuso el presidente Alberto Fernández en un decreto publicado el viernes y que tiene como único antecedente una ley aprobada en Uruguay en 2018.

“Establécese que, en el sector público nacional, los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1 por ciento de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, según el texto.

Entre los fundamentos de la medida, el decreto considera que “resulta de vital importancia transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión de esta población que tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años aproximadamente”.

Según datos de la comunidad LGBT, se estima que 95 por ciento de las personas trans no acceden al empleo registrado y cerca de 60 por ciento no han podido finalizar sus estudios secundarios.

Esteban Paulón, director ejecutivo de la organización no gubernamental Instituto de Políticas Públicas LGBT, manifestó que "el acceso al empleo registrado es una de las estrategias indispensables para la inclusión plena de mujeres y varones trans y para garantizar mejores condiciones de vida y revertir los graves índices de expectativa de vida que muestra este colectivo en nuestro país y la región”.

El dirigente comunitario, no obstante, lamentó que todavía “son muchas las deudas del Estado para con el colectivo trans" y mencionó el incumplimiento del acceso a la salud integral que fue consagrado por la ley de identidad de género sancionada en 2012. Argentina se convirtió entonces en el primer país del mundo en garantizar a los ciudadanos el derecho a registrar en el documento su identidad auto-percibida independientemente de su sexo biológico.

Uno de los puntos controvertidos del decreto refiere que los beneficiarios no tendrán como requisito la “terminalidad educativa”, como sucede con el resto de los empleados públicos. “Se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos”, indicó el decreto.

Por otra parte, las autoridades y el personal del Poder Ejecutivo deberán capacitarse para la prevención de comportamientos discriminatorios.

cog