Seguridad Pública pide retirar bienes judiciales de delegaciones
El ministro Gerald Campos dio un mes de plazo para gestionar el retiro de bienes que permanecen bajo custodia judicial en instalaciones policiales.
El Ministerio de Seguridad Pública solicitó a la Fiscalía General de la República gestionar el retiro de miles de bienes que permanecen bajo custodia judicial en delegaciones de la Fuerza Pública y estaciones del Servicio Nacional de Guardacostas.
La institución asegura que estos objetos ocupan espacios destinados a la atención y operación policial y, en algunos casos, generan problemas sanitarios, administrativos y de seguridad.
Entre los bienes señalados se encuentran 440 embarcaciones, algunas de las cuales llevan décadas almacenadas y ya habrían perdido su valor.
Piden liberar espacios policiales
El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, envió una solicitud a la Fiscalía para atender la situación y buscar una solución al almacenamiento prolongado de estos bienes.
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Según Seguridad, las delegaciones policiales no fueron diseñadas para funcionar como depósitos judiciales. La acumulación de objetos reduce el espacio disponible para las labores de los oficiales y la atención de personas que acuden a las instalaciones.
Además, el deterioro de algunos bienes genera riesgos para la salud ocupacional y la salubridad, especialmente cuando permanecen durante años en espacios abiertos o cerca de las vías públicas.
Campos señaló que la custodia y disposición de estos bienes corresponde a las autoridades judiciales, debido a que están vinculados con expedientes y procesos judiciales.
Un mes para buscar una solución
El ministro estableció un plazo de un mes para que el fiscal general gestione el retiro de los bienes que permanecen en las instalaciones policiales.
La intención es recuperar espacios que actualmente son utilizados para almacenar objetos y destinarlos nuevamente a las funciones de seguridad ciudadana.
Seguridad Pública sostiene que las delegaciones deben estar enfocadas en garantizar el orden público, atender a la ciudadanía y fortalecer las labores policiales, y no funcionar como bodegas de bienes bajo custodia judicial.
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